viernes, 31 de marzo de 2017

DE GOLPES DE ESTADO Y NUEVAS AUTOCRACIAS

De muchas formas he tratado de indicar que los periodos presidenciales de Chávez no eran propiamente un gobierno autoritario o dictatorial, sino que aunque difuso, podríamos encontrar elementos que marcaron su transición de la democracia al autoritarismo competitivo. Steven Levitsky y Lucan Way[1] definen al autoritarismo competitivo como aquel régimen civil en el que existen instituciones democráticas formales percibidas como la vía primordial para obtener el poder, pero dónde los abusos de quiénes lo detentan les ponen en una ventaja considerable respecto de sus oponentes. Es decir, aunque difícil, no es imposible que la oposición gane elecciones. Quizá es un elemento que se percibe con claridad en la increíble victoria de la Mesa de la Unidad Democrática en diciembre de 2015, en la que se obtuvo mayoría calificada de 112 escaños, frente a la pírrica cifra de 55 escaños del PSUV, partido chavista que no solo contó con su maquinaria y los recursos del Estado (medios de comunicación y funcionarios públicos), sino que no dudo en hacer uso de sus mecanismos de intimidación para influenciar las decisiones electorales de los venezolanos.
Hasta aquí, todo parece una batalla épica y no dudo en que muchos cuestionarán mi decisión de denominar hasta esa fecha, al gobierno de Maduro, y antes, el de Chávez, como un autoritarismo competitivo. Debo insistir en que las tesis sobre esto, insisten en que la posibilidad de acceder al poder mediante elecciones (aunque no sean limpias), es un elemento decisivo para ello.

Sin embargo, el gobierno revolucionario, ante la derrota, optó por desmantelar la institucionalidad formal democrática, para establecer un entramado político difícil de desmontar. La razón es clara, el apoyo del 56% de los electores al proyecto opositor significaba la consolidación de su programa legislativo, que no solo suponía detener la Revolución, sino la liberación de los presos políticos y la modificación de un sistema económico corrupto. Esta era una situación insostenible para el Chavismo post-Chávez, que temía (y todavía TEME) las consecuencias de la labor contralora sobre los números reales de sus actos en ejercicio del poder absoluto (solo veamos el escándalo Oderbrecht o las investigaciones sobre irregularidades en entrega de pasaportes ordinarios y diplomáticos, sin olvidar el tema narcotráfico).

De esta forma, el primer acto para iniciar con su autocracia de nuevo cono, o la dictadura (como prefieren llamarle otros, aunque yo me abstengo por ser muy clásico en cuanto a definiciones), inicia mediante la designación de los Magistrados de Tribunal Supremo de Justicia. Este hecho ocurrió bajo múltiples denuncias de violencia moral contra los Magistrados salientes, quienes denunciaron haber sido forzados a jubilarse (puede verse aquí los casos de los magistrados Carmen Porras y Luis Ortiz), así como la designación a través de un proceso jurídico exprés, encabezado por Diosdado Cabello, presidente entonces de una Asamblea Nacional que en vez de entrar en su receso decembrino, en deferencia con el proceso electoral realizado el 6 de diciembre, y como es costumbre, aprovechó los vacíos legales que no dispone de la figura de "gobierno en funciones", entre una elección y la juramentación del nuevo poder, para tergiversar un proceso complejo de nombramiento de Magistrados y asegurar que a través de la Sala Constitucional, ente de mayor poder existente en el país (en esta entrada hago referencia a esto), no existiría forma en que la Asamblea Nacional recién electa no pudiese ejecutar un solo punto de su programa de gobierno, y así mantener a la Revolución en el poder.

El Observatorio de la Justicia venezolano, a través de la ONG Acceso a la Justicia, señaló todas las irregularidades cometidas en el proceso de postulaciones para elegir nuevos Magistrados (13 principales y 21 suplentes), entre ellos, reducir un lapso de 58 días a unas pocas horas, y que los postulados y designados no cumpliesen con los requisitos constitucionales y legales para optar al cargo (aquí puedes acceder al informe de Acceso a la Justicia y aquí, al informe presentado por la Asamblea Nacional sobre el mismo respecto). Sin embargo, a pesar de las múltiples irregularidades, la Sala Constitucional y demás salas del Tribunal Supremo de Justicia, hicieron lo necesario para anular, de facto, los poderes del parlamento.
A partir de este hecho fundamental, todo ha sido un golpe de Estado continuado en contra del poder legislativo, documentado de forma magistral por el colega José Vicente Haro quien al día de hoy, contabilizaba 64 decisiones por parte del Poder Judicial, que vulneran los derechos fundamentales de los venezolanos. Curioso es, que aunque el TSJ ha sido altamente efectivo para decidir cualquier asunto sometido a su consideración por parte del poder Ejecutivo o los miembros del PSUV, en año y tres meses ha dejado sin representación al Estado Amazonas, por no decidir el presunto fraude cometido en la elección de sus diputados, génesis del argumentario jurídico del inexistente desacato.


Por supuesto, la presente entrada la llamo "De golpes de Estado y nuevas autocracias", porque los juristas serios del país han insistido en que cada una de las decisiones a partir del nombramiento de los Magistrados, han configurado, per se, un Golpe de Estado, primero que nada, porque han sido propiciados por un gobierno formado por militares, 34% del Ejecutivo son militares, sin contar las múltiples funciones económicas y productivas asignadas por Maduro a los miembros de las FF.AA. No existe en Venezuela una posibilidad de distinguir los poderes moral, electoral, judicial del ejecutivo: Tareck William Saab, defensor del pueblo, fue gobernador por el PSUV; Manuel Galindo, contralor general, fue procurador del Estado, es decir, abogado de la República, cuyo nombramiento depende del Ejecutivo, conforme el art. 249 de la Constitución (Cilia Flores fue procuradora); y Luisa Ortega Díaz*, la cuestionada Fiscal General, por su parcialidad política.

Así que, sí, el Golpe de Estado no ha sido un golpe seco, por un solo acto, sino un cúmulo de actos consumados de forma enlazada para la obtención de un resultado definitivo: anular la soberanía popular representada en el poder legislativo (poder originario y no derivado), para conservar el sistema revolucionario cívico-militar. Esta alianza, que da el matiz militar a las acciones golpistas, se consolida con cada declaración inconstitucional de Vladimir Padrino o cualquier otro alto jefe del Mando MIlitar nacional. 
Indefectiblemente, la obra culmen del proceso de Golpe de Estado, bordada finamente con un Estado de Excepción bajo la Emergencia Económica iniciada el 20 de enero de 2016, con la decisión Nº 4/2016 de la Sala Constitucional írrita, son las decisiones de la última semana de Marzo.

Así, la decisión del 27 de marzo de 2017, además de fulminar la inmunidad parlamentaria (aforamiento para los españoles) dispone un mandato, una orden a Nicolás Maduro:

"ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente."[2]


Como si esto no fuese suficiente, y en repetición de una costumbre en la historia jurídica venezolana, en la madrugada, con Decisión 156/2017  del 29 de marzo, la Sala Constitucional, interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sacándose de la manga una nueva treta inconstitucional, de vanguardia en temas de terror judicial: No solo el Ejecutivo podrá constituir una empresa Mixta sin la autorización del Legislativo, inventándose cosas fuera de toda técnica de interpretación de la ley, sino que anuncia que la Sala Constitucional asumirá competencias del Parlamento mientras dure supuesto "desacato" [3], desacato inventado por los mismos Magistrados y que configura el hecho más grave de la doctrina de la Sala en toda la historia venezolana, posterior al final de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Sobre esta aberración, el Dr. José Ignacio Hernández, arguye lo siguiente:

La Sala Constitucional no puede asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Ni siquiera admitiendo la falsa tesis del desacato, la Sala puede ejercer esas funciones.
Esto es así por una razón elemental, que la Sala elude en sus decisiones: las funciones de la Asamblea Nacional le fueron atribuidas por la Constitución pues la Asamblea –y solo la Asamblea– representa al pueblo de Venezuela.
La Sala Constitucional, por el contrario, no representa al pueblo, pues no tiene origen democrático. Por esto, la Sala no puede asumir una representación popular que no tiene. Con lo cual, lo que haría en realidad la Sala es usurpar el ejercicio de esos funciones y con ello usurpar la representación popular. (Aquí el artículo de Prodavinci) (negritas propias).

A esto debemos sumar la violación flagrante de los derechos políticos, como las elecciones regionales que debieron realizarse en 2016,  no porque la oposición quiera sabotear o conspirar, sino porque así lo manda la Constitución. Es decir, gobernadores y alcaldes están en ejercicio de funciones extendidas, sin base jurídica, pero la Revolución se abstiene de convocar elección actuando como cualquier autoritarismo de nuevo cono, una autocracia atípica por las necesidades de las relaciones políticas internacionales globalizadas. La legitimidad de desempeño del gobierno de Maduro puede ser advertida por la comunidad internacionales, pero las intervenciones que ocurrían antes, ya no son tan comunes. De igual forma, la carga autoritara del poder político venezolano se traduce respecto de determinados sectores, y aunque va in crescendo, todavía se realizan actividades que en una dictadura clásica serían impensables, como oír en la radio a los opositores, o periodistas críticos que publican en los pocos diarios que quedan en el país, o la posibilidad de entrar y salir del país (a pesar de las restricciones que implica la emisión de pasaportes y los costos anejos), si existen controles económicos y sociales propios de un gobierno autoritario que, a la vez, cerró toda salida electoral. Todo por mantener el poder a toda costa, como garantía de impunidad ante los múltiples hechos delictivos cometidos en su ejercicio.

Este nuevo tipo de autocracia establece controles partidistas como el carné de la patria y restringe el ejercicio de los derechos políticos, mientras mantiene instituciones que permiten las relaciones privadas, alimentando ciertos aspectos de autonomía, cuando cercena derechos políticos y económicos para asumirlos a través de la maquinaria del Estado. Y no va a cambiar en el futuro inmediato, porque la situación es tan compleja que ni la presión internacional es suficiente, porque los caminos diplomáticos son lentos, ni la cohesión de las fuerzas opositoras cuenta con ningún factor de poder que pueda servir de contrapeso al poder total y absoluto que detenta el chavismo. 

Creo que he hilado más fino en otros argumentos contenidos en otras entradas, pero la indignación que como venezolano me produce esta situación impide que pueda explayarme en argumentos filosóficos o históricos. Temo que este germen autocrático se transforme en un monstruo peor, que la autocracia chavista tienda al totalitarismo, sus signos de devastación son percibidos con la desnutrición y las muertes producto de la criminal política negacionista de la crisis humanitaria. Temo también por el definitivo colapso económico por el posible incumplimiento de los compromisos económicos internacionales, suscritos irresponsablemente por la Revolución y que han hipotecado al país, símbolo característico de la autocracia administrativa del erario público.

Pero el mayor temor radica en la incapacidad de unidad nacional de los factores que, con todos sus defectos, puedan apostar a la restitución institucional democrática, proceso que una vez iniciado podrá tardar unos cuantos lustros, pero que requerirá un proceso de transición duro, complejo y sobre todo, frustrante para aquellos que creen que el chavismo desaparecerá de la faz de la tierra, pues si todavía quedan resquicios de nacionalsocialismo alemán, pinochetismo, franquismo, leninismo, estalinismo y perejimenismo, no dudo que el chavismo, como cualquier movimiento político autoritario, se resista a desaparecer y a propagar los mitos que ha logrado colar en el imaginario colectivo, que impide a la oposición desacralizar la figura de Chávez.




[1] LEVITSKY, Steven y WAY, Lucan A., Competitive authoritarianism, hybrid regimes after the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
* Al finalizar de escribir este artículo, 1 p.m., hora española, supe la noticia de que Luisa Ortega Díaz condenaba las sentencias 155 y 156 por considerarlas una ruptura del orden constitucional.
[2] Sentencia 155/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, del 27 de marzo.de 2017, disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
[3] Sentencia 156/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, del 29 de marzo de 2017, disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML

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