miércoles, 12 de julio de 2017

LA CONSULTA SOBERANA DEL 16 DE JULIO


En este post no pienso reproducir ideas sobre desobediencia, menos aún hablar de la labor de la resistencia venezolana o valorar la actuación de los líderes políticos. No, aquí pienso informar sobre la Consulta Soberana del 16 de julio de 2017, de carácter plebiscitario y que fue convocada por el poder Legislativo bajo el mandato del artículo 71 de la Constitución, que desde su preámbulo ya habla del referendo consultivo como manifestación soberana. Recordemos el texto del 71:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador
o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

Quizá una de las grandes ventajas que proporciona la Constitución del 99 es el ejercicio de la democracia directa, participativa y protagónica. De manera tal, que esta consulta es un ejercicio de democracia directa, sin intermediación de los órganos de poder público, como el CNE, bajo la modalidad del referendo consultivo, es decir, un plebiscito. Este principio está consagrado en el artículo 5: 
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
El carácter plebiscitario de la consulta (no porque la constitución diga expresamente que el referendo consultivo es un plebiscito, sino porque toda consulta popular que no da acceso a un cargo de elección popular es, per se, un plebiscito), excluye la participación del CNE, pues el referendo consultivo no es competencia exclusiva y excluyente del Poder Electoral,en razón de las atribuciones del artículo 293. Recordemos que la Soberanía en Venezuela reside en el pueblo quien la puede ejercer de forma directa.
Es decir, en un acto constitucional de rebeldía y bajo el amparo de la propia Constitución, el Parlamento (que fue declarado ilegítima e inconstitucionalmente en Desacato por el Poder Judicial), busca dar a la ciudadanía espacios de participación, así como la garantía de transparencia que no puede dar el Consejo Nacional Electoral, quien en menos de un mes organizó una logística para la Asamblea Nacional Constituyente, pero que no quiso hacerlo para el Referendo Revocatorio o las elecciones regionales que correspondían al año 2016.
La Constitucionalidad se ha roto, y la única forma de volver a ella es a través de la misma Constitución. Los juristas nacionales de renombre y de diversas tendencias recalcan a diario la necesidad de explicar la inconstitucionalidad de cada uno de los actuares del gobierno de Nicolás Maduro. Así, podemos recordar que el camino de la constitucionalidad no puede perderse y, en este caso, va más allá de valorar las preguntas del Plebiscito (que pudieron haber sido más claras), muy bien llamado Consulta Soberna (esa que Maduro no quiso hacer para su constituyente). Se trata de el medio legítimo más importante de desobediencia civil que tienen los venezolanos y las venezolanas para buscar la recuperación de la Constitucionalidad.
Leamos los artículos que sustentan el actuar apegado a la Carta Magna
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

La Constitución no pierde su vigencia cuando es derogada de facto. Esto ocurre como bien lo ha documentado José Vicente Haro en su blog Buscando el Norte, con 111 decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que el artículo 333 es perfectamente aplicable, en tanto la Consulta Popular permite que cada ciudadano, investido o no de autoridad, pueda colaborar en la restauración de la constitucionalidad. Es decir, es un deber ciudadano acudir a la Consulta Popular como único medio legítimo e institucional abierto, en razón del secuestro de los poderes públicos mediante la instauración de un gobierno militarista autocrático (léase, dictadura). Adicionalmente, el 350, el famoso artículo que positiviza la Desobediencia Civil, fundamenta toda acción en desconocimiento de un gobierno no democrático. 

¿Los efectos de la consulta? 
Una muestra de desobediencia civil fundamental porque de ella depende la República, su salvación o su muerte. ¿Suena dramático verdad?, pues se queda corta ante la posibilidad de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que propone Maduro. Quedarse en casa es abrir la puerta a la perpetuación del chavismo en el poder, como si 18 años no hubiesen sido suficientes.
El referendo consultivo no es más que eso, una consulta. Por supuesto que el oficialismo desconocerá sus resultados, como lo hacen con la Constitución y la Ley. Pero una muestra de poder a través del referendo consultivo popular es lo que el chavismo ha negado desde el 2016. Este referendo solo será útil si votamos todos, si la movilización es masiva.
Yo acudiré a votar a la Diputación de Guipúzcoa, en San Sebastián, España; con mi cédula y mis esperanzas puestas en el país. Aquí les dejo los enlaces con toda la información, las preguntas y los Puntos Soberanos. También les dejó más análisis sobre la Consulta Popular
Compartan, difundan:

¿POR QUÉ VOTAMOS?

1 comentario:

  1. Excelente artículo, es importante dejar bien en claro que es un acto legítimo, legal y constitucional, una oportunidad clara para que se pueda ejecutar lo que tanto ha pedido la mayoría de los Venezolanos, expresarse mediante el voto, ni mas ni menos solo expresarse, ser escuchado quedando claro lo que quiere para si y el futuro de la República.

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