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AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Una de las cosas que requiere de mayor atención en el proceso de enseñanza del derecho es establecer lo que dentro del derecho continental (derecho romanista) conocemos como el principio de la autonomía de la voluntad y sus límites configurados en las disposiciones de orden público. La razón fundamental es que las relaciones humanas se rigen por la libertad, por el libre albedrío, especialmente en las sociedades democráticas y, partiendo del principio de presunción de la buena fe, es necesario entender que los seres humanos son capaces de entender y asumir los compromisos suscritos con base a una relación jurídica.
Por ello, la autonomía de la voluntad implica esa posibilidad que asiste a toda persona con capacidad jurídica de crear, reglar, modificar, transmitir o extinguir sus propias relaciones jurídicas sobre la base de la "libertas", y la "ratio" como indicadores fundamentales de el consentimiento.

El Estado, con base al tantas veces mentado "contrato social", está en la obligación de generar condiciones necesarias para la celebración de negocios jurídicos, entre ellas la seguridad jurídica, el bien común y la propensión a la realización de la justicia (entre otros fines del derecho), y estas condiciones dispersas en el ordenamiento jurídico que buscan generar igualdad y legalidad a los contratos son denominadas disposiciones de orden público, y configuran estándares mínimos para garantizar la generación de obligaciones lícitas.
En las sociedades no abiertas,  la legislación tiende a cercenar el principio de la autonomía de la voluntad tomando el estado una posición intervencionista que prohíbe al individuo negociar conforme su propia voluntad, es decir, las disposiciones de orden público se convierten en la regla y la autonomía de la voluntad en la excepción, cuando la tradición humana ha indicado lo contrario y es que todas estas normas que conculcan la libertad negocial establecen trabas al libre tráfico de bienes y servicios y disponen procesos burocráticos inexpugnables que no colaboran para la realización de un ideal cercano a la justicia.
El exceso de normas de orden público generan imposibilidad de solución de conflictos conforme a la autonomía de la voluntad, es decir, la imposibilidad de transar, conciliar, mediar y cualquier otro medio alternativo a la resolución de conflictos. Los límites dispuestos por el orden público deben ser mínimos para dejar al individuo libre el desarrollo de sus ideas y en fin, de su personalidad. Fijar precios, lapsos, contenidos y cualquier otro sinsentido proteccionista genera desigualdad ante la ley y transforma la protección del débil jurídico en una burda excusa para atropellar a una de las partes intervinientes en el negocio jurídico.
En el caso venezolano las leyes se están convirtiendo en falsas protectoras del débil jurídico y excesivas en el manejo del concepto de orden público, basta con revisar la ley de arrendamiento de viviendas y la ley contra la estafa inmobiliaria, que establecen al estado como un órgano todopoderoso que suple la voluntad de sus ciudadanos pues todo lo sabe y todo lo controla, en directo ataque a la autonomía de la voluntad de las partes, que si bien no es un principio absoluto en protección del débil jurídico y al bien común, si debe existir para permitir el desarrollo de la libertad como derecho irrenunciable del ser humano.

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