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LA NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO SOCIAL

En este artículo pretendo demostrar que las falencias de la Carta Magna son la causa primordial de la crisis institucional que vive el país. Poniendo énfasis en la institución autoritaria denominada Sala Constitucional, creo que la salida pasa por un nuevo pacto social mediante una nueva manifestación del poder constituyente originario que haga tabla rasa en la organización del Estado venezolano.

Recuerdo que en octubre de 2002, cuando empecé a estudiar derecho en la Universidad Católica del Táchira, la Constitución de 1999 era una novedad para el constitucionalismo contemporáneo latinoamericano y mundial.[1] Recuerdo que en las clases de derecho público el abogado Gabriel De Santis Ramos nos instruyó sobre ese problema que representó el nacimiento de la Constitución Bolivariana al enfrentar los principios de primacía constitucional contra el de la soberanía popular, abriendo el debate sobre el poder constituyente y la legitimidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente aun en contra de las disposiciones cerradas de la Norma Suprema de 1961 que no contemplaba tal mecanismo.[2]
Tal argumentario, criticado por Brewer-Carías[3], entre otros, a mi me parece ejemplar en cuanto a transformación del derecho constitucional contemporáneo y apertura a soluciones para crisis ante la rigidez constitucional (que no estaría mal su revisión por los juristas españoles para ilustrarse de sus propios problemas constitucionales). El problema, para mí, surge en la propia manifestación de los representantes de ese poder constituyente. Se hizo una Constitución a la medida de un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, y el resultado fue una Carta Magna que hoy ha muerto de inanición bajo la figura todopoderosa erigida en su propio texto: La Sala Constitucional.
Siempre conversamos de este tema en clases de derecho constitucional. El profesor Rutilio Mendoza hacía hincapié en los aspectos de esta nueva Constitución y su presidencialismo y la falta de eficacia de sus controles entre poderes aunque fuese una majestuosa obra de arte en materia de derechos humanos y participación ciudadana. Por su parte, la lectura de la misma y su análisis con el profesor Correa o el propio José Luis Villegas daba una panorámica amplia de lo deficiente que la Constitución marco resultaba para atender las necesidades de una democracia. Esta norma Normarum pudo haber reconocido un verdadero federalismo, por ejemplo, pero mantuvo todas sus características de centralismo disfrazado de federación o como se llama en derecho público actual: federalismo a la venezolana.
No es un asunto de malinterpretaciones, es simplemente que toda Constitución tiene una parte orgánica o marco y una parte programática o de derechos fundamentales; y en el caso de la norma sub examine, la parte orgánica es la principal tranca de piedra en el ejercicio de los derechos fundamentales. Prueba de ello es la sistemática desaplicación que el contenido de fondo de esta ha tenido lugar a través del desarrollo legislativo, así como la omisión legislativa y los silencios, y a veces los gritos, en que la máxima intérprete de la Constitución incurría. Así, tenemos que uno de los ejemplos de mayor importancia para el constitucionalismo contemporáneo surge de las normas dispuestas en los artículos 22 y 23, contentivas de las cláusulas abiertas de derechos humanos, proveyendo al sistema jurídico venezolano de un imperativo de primacía de las normas en materia de protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, las denuncias de organismos internacionales y desacatos a decisiones en esta materia han generado decisiones políticas provenientes de la Sala Constitucional.
Otro rasgo importante de la Constitución ha sido su consagración del derecho de rebelión o desobediencia civil en el texto del artículo 350. Casualmente, la propia Sala Constitucional hizo una interpretación restrictiva de su contenido[4] limitando su ejercicio, yendo inclusive en contra de sus propios criterios y, sobre todo, burocratizando el proceso de desobediencia civil como si se tratase de un proceso administrativo cualquiera y no el de una manifestación del poder originario, del propio poder constituyente. Desde sus inicios la Carta Magna de avanzada estaba destinada a sucumbir al presidencialismo y a sus propias falencias pero, sobre todo, a esa engañosa fórmula de cinco poderes con competencias delimitadas pero siempre subordinados a los designios presidencialistas y, peligrosamente, los de una Corte Constitucional,  cuyo nombramiento recaía en el parlamento, una asamblea unicameral sin control de quien detentase una mayoría avasallante.
La Constitución permitiría que ante determinadas condiciones, los controles desapareciesen y se consolidase ese último y máximo intérprete de la constitución cual espada de Damocles sobre sí misma. El artículo 335 dispuso esta realidad y desde la Sala Constitucional se anuló la República.  Este órgano no es sino el resultado de la degeneración democrática de un Estado que ha sido exitoso desmontando la estructura orgánica creada por el pacto social constituyente del 99, incluso hoy se erige como depositario de las facultades atribuidas a otros titulares del poder público. Este peligro ya había sido advertido cuando se nombraron los rectores del cuerpo electoral (Consejo Nacional Electoral)[5] por la Sala; igualmente, en diversas injerencias como la realizada frente a las falencias de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa, o la sentencia en que expone la inferioridad del orden jurídico nacional frente a un organismo supranacional como la FIFA, con ponencia de Francisco Carrasquero.[6]
Estos son algunos de los primeros pasos en la determinación de lo que es y lo que hay por parte del poder judicial venezolano. Ya en el 2005 declaró que si había existido golpe de estado en el año 2002 solo para favorecer el deseo del caudillo y eximir de responsabilidad política y criminal a quienes figuraban dentro del oficialismo. Ahondando en la polémica se produjo la sentencia que creaba la figura de la continuidad administrativa en las funciones presidenciales de Hugo Chávez al aducir en 2013 que:
(iv)A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.

(v)La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.

(vi)En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.”[7]

Luego de esta decisión se hace notorio que las decisiones interpretativas vinculantes de la Sala Constitucional representarán una nueva forma de ejercicio del poder político en el país, y que la Constitución de la república no será sino un cúmulo de factores teóricos maleables sobre la base de la conveniencia política de cada situación. De tal forma, se materializa el poder absoluto de la Sala no solo con decisiones como la que presenta el principio de continuidad administrativa, sino  con decisiones anteriores como la inejecutabilidad de las decisiones de la CIDH en el caso de Leopoldo López y RCTV. De igual forma, existen otras decisiones polémicas y manifiestamente influidas por la ideología política del partido de gobierno como la asunción de la acusación y persecución criminal respecto del alcalde Ceballos. No hubiese en momento alguno el constituyente de 1999 imaginar que por desacato la propia Sala Constitucional hubiese enviado a un ciudadano a prisión, por no estar dentro de sus facultades y menos aún en medio de un procedimiento de amparo.
A esto sumamos las recientes decisiones del año 2016, como la polémica generada al revisar el procedimiento mediante el cual su actual composición, puesta en tela de juicio, fue establecida. Fue juez y parte, pero también es poder legislativo y moral. La Sala Constitucional declaró en desacato al poder legislativo y la Sala Electoral, parte de esa Hidra que es el Poder Judicial venezolano, el 17 de octubre decide que la recolección de firmas para el referendo revocatorio debe hacerse en cómputos estadales (por entidad federal), de forma tal que si en un estado federal no se recoge el 20%, entonces la solicitud de revocatorio sería inoficiosa. Antes de ello, el máximo tribunal aprobó un presupuesto nacional en horas de la noche.
Si, la Constitución de 1999 ha cesado en su efectividad. Su corta vida no se compara con los ideales del constitucionalismo, que piden constituciones estables en el tiempo, que sean tan de avanzada que permitan que regulen a satisfacción no solo los hechos de hoy, sino los de mañana. La Constitución de 1999 tiene un marco débil en cuanto a sus instituciones, pues impide que los controles sean efectivos y no dispone límites al poder interpretativo del poder judicial. La solución parece estar en refundar el pacto social, al menos hoy sabemos que la Asamblea Constituyente está planteada en el texto de la Carta Magna.



[1] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Oficial N°. 5.453 del 24/03/2000.
[2] Hernández, Lolymar (2000), «El proceso constituyente venezolano de 1999», Revista Tachirense de Derecho, San Cristóbal-Venezuela, Nº 12, pp. 179-228.
[3] Véase BREWER.CARÍAS, Allan, La ilegítima mutación de la Constitución por el juez constitucional en materia de justicia constitucional, VI Encuentro de Derecho Procesal Constitucional. San Juan, Argentina, 11-13 Junio 2009. Documento en línea disponible en:
[4] Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 22 de enero de 2003, Magistrado ponente: Iván Rincón Urdaneta. Documento en línea disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-1559%20interpretaci%C3%B3n%20350.htm [Consultado en: octubre 2016].
[5] Sentencia 2341 de fecha 25 de agosto de 2003, expediente 03-1254 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero. Documento en línea disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/PODER%20ELECTORAL.HTM [Consultado en marzo de 2016].
[6] Sentencia del 15 de marzo de 2005, expediente 05-0487 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente: Francisco Carrasquero. Documento en línea disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/255-150305-05-0487.HTM [Consultado en octubre de 2016].
[7] Sentencia del 09 de enero de 2013, expediente 12-1358 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia conjunta.

Comentarios

  1. Excelente artículo, totalmente de acuerdo respecto al conseguir en una Constituyente el mecanismo para rescatar la institucionalidad violada, atacada, vejada, y sobre todo olvidada, es necesario afianzar los principios y valores sobre los que se fundo nuestra República.

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  2. Cuando salió la bicha, como la llamaba el difunto, los que nos atrevimos a verle errores fuimos sometidos literalmente al escarnio público.

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