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La tolerancia impuesta por la ley autoritaria



Una de las características fundamentales para la práctica de la tolerancia es la existencia del pluralismo. Es decir, la tolerancia sólo es posible en una sociedad plural, y si tal cosa no existe, sería imposible hablar de ella. De esta manera, la tolerancia se presenta como un ejercicio cotidiano que surge de la propia convivencia que permite la sociedad democrática. Pero la Venezuela del año 2017 tiene muy distante el poder ser tildada como una democracia y, a pesar de ello, emite una “Ley Constitucional” –cuya inconstitucionalidad no pienso abordar aquí, pues su proveniencia la hace írrita en todo su contenido— “contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”. No es cierto que exista una relación definitiva entre estos tres conceptos, ni que su implementación suponga un giro positivo para la convivencia pacífica, pues la paz también existe en los sepulcros, donde no hay ni pluralismo ni tolerancia.

La dominación es una característica fundamental en la construcción progresiva del Estado totalitario, y así lo enseña H. Arendt quien dijo que los movimientos totalitarios se presentan ante la colectividad, valiéndose de sus propias carencias para plantear soluciones definitivas a los mismos, para recuperar la grandeza nacional o para liberar al oprimido. El totalitarismo promete la paz desde un discurso que penetra las raíces profundas de la problemática social, por lo que no es extraño que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se erija como la restauradora de la paz perdida por “esa” violencia política que puso en jaque a La Nación. No es casualidad que tal construcción jurídica refiera de forma reiterativa a la violencia política como algo que atenta contra la paz.

La ley bajo examen afirma categóricamente que su objeto es preservar la paz, la tranquilidad pública y, sobre todo, la protección de La Nación. Caben sospechas fundadas respecto de la interpretación de cada uno de estos conceptos, porque si algo ha caracterizado los últimos 19 años de política nacional, y más radicalmente en el último quinquenio, es el uso del discurso y el lenguaje a través del monstruoso aparato propagandístico público para enseñarnos lo que significa cada cosa, para etiquetarnos, disgregarnos y hacernos perder un poco de nuestra condición humana.
Como bien lo explica Arendt en su obra maestra Los orígenes del totalitarismo, las políticas que implementan los totalitarismos no son simplemente antirracistas o antisemitas, comunistas o imperialistas, no. Son formas mediante las que se busca desaparecer la realidad bajo su manto ideológico y político, pues tienen la certeza del valor propagandístico de las ideologías y cuenta con los medios para ello. Esta norma “constitucional” contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia semeja con claridad una política totalitaria, como cualquiera implementada por el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el bolchevismo.

¿Qué elementos me llevan a considerar tal aseveración?

En primer lugar, la identificación de democracia y Asamblea Nacional Constituyente dentro de los principios y valores que rigen la norma. No existen dudas sobre el carácter autoimpuesto de este organismo como supraconstitucional y plenipotenciario, capaz de exigir fidelidades y demandar lealtad, so pena de traición. En este sentido, el primer requisito para la plausibilidad de la tolerancia, representado en el pluralismo, deja de existir cuando achacas a la idea de democracia la primacía de un órgano como la ANC.

En segundo lugar, la idea de tolerancia supone convivir con lo que no estás de acuerdo, es decir, la tolerancia supone la divergencia de ideas como la que puede surgir entre un budista y un católico, quienes no podrán ponerse de acuerdo en los asuntos de la salvación de las almas, pero podrán compartir espacios públicos y no optarán por la agresión para dirimir sus controversias. Pero si revisamos la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, encargada de todo lo que supone la implementación de la norma, encontraremos que la misma se integrará por burócratas del aparato autoritario estadal, quienes proceden de las mismas estructuras encargadas de escribir el guion revolucionario. La idea de tolerancia de la ley es la de una falsa diversidad ajustada a los cánones oficiales, una idea peligrosa a la que hay que sumar la inexistencia de límites a la discrecionalidad en la aplicación de la norma.

En tercer y último lugar, la criminalización y la penalización. No existe estrategia que se haya mostrado más eficaz en la dominación totalitaria que la deshumanización del otro. Se parte por afirmar que el otro es quien odia, el fascista, el traidor, el violento y criminal, con la intención de atribuirle unas cualidades que le enajenan y le hacen perder su propia condición digna como ser humano. Esto permite al Estado actuar contundentemente, y sin piedad, en contra de ese enemigo que ha creado –ese otro— para vaciar las culpas de su fracaso y tapar los propios crímenes. Recordemos el lema: La Constituyente trajo la paz, esa paz que nos quitaron los otros.

Luego de la criminalización está la sanción. Esta “ley” posee un sistema punitivo excesivo, con penas máximas de 20 años, agravantes genéricos, inexistencia de atenuantes, eximentes de responsabilidad o causas de inculpabilidad; además de referir la responsabilidad civil y administrativa accesoria. Esto no es sino la forma en que el Estado totalitario dice: “estoy aquí para aplicar mi ley con fuerza, porque es un instrumento al servicio de la paz, y no olvides que la paz y la democracia está representada en la ANC.” La propia ley nos lo recuerda en su texto, al tiempo que olvida que la libre expresión y la libertad de información son derechos fundamentales.

La tolerancia puede ser una virtud pública, cuando se construye en una sociedad en la que la diversidad puede mostrarse, sin miedo a la persecución porque existen garantías democráticas que suponen pesos y contrapesos a cualquier abuso de individuos o autoridades. Solo así puede garantizar la convivencia pacífica y mitigar los efectos del odio, principalmente porque la línea que divide lo que es tolerable de lo que no lo es, es tan delgada que trazarla requiere de tanta responsabilidad como solo es posible en una democracia consolidada. Pero en un Estado autoritario, la definición de lo intolerable y de intolerante es simple: depende de la voluntad unilateral del poder, cuyas intenciones están suficientemente retratadas en el lenguaje oficial, en su retórica constante de paz, amor, odio, ellos y nosotros.


La intolerancia proviene de quienes están convencidos de la prescindencia del otro porque consideran que lo que les adversa es una amenaza a su propia posición de poder; proviene de aquellos que sienten la necesidad de suprimir la diferencia y la extrañeza. El intolerante hace daño porque sus actos reflejan su desprecio por la propia humanidad del prójimo, sus actos siempre están dirigidos a resaltar esa diferencia entre la paz que dicen representar frente al caos que proyectan en los otros. Por esto es por lo que no es un despropósito que el intolerante quiera imponer su idea de convivencia pacífica y tolerancia por la fuerza de una norma esencialmente autoritaria. La tolerancia no tiene porque ser positiva, puede también ser un instrumento de dominación.



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