martes, 17 de octubre de 2017

RESACA ELECTORAL

Tengo 2 años y tanto viviendo fuera de Venezuela, sin que exista en mi cabeza una idea de pertenencia a este lugar, más allá del agradecimiento por las herramientas conseguidas para poder mejorar ciertas condiciones de vida y en experiencias irrepetibles. En esa añoranza de volver al lugar en el que nací y viví durante 30 años, he escrito dos entradas: La Consulta Soberana del 16J y Damocles en Caracas, en donde debo reconocer que he cometido errores de juicio importantes, porque me he negado sistemáticamente a perder esa necesidad de estar en San Cristóbal con mis montañas y mis pasteles andinos, en un lugar en donde no soy extranjero ni extraño.
Observé el movimiento del 16J con excesivo optimismo, ¿quién no?, luego de eso pude observar con detenimiento que lo consultado y votado era imposible de materializar y que las preguntas solo generarían mayor frustración. Sin embargo, mi convicción de que sólo la vía democrática es la que construye caminos viables me hizo participar y contar con su condición de movimiento histórico, que generó la ruptura de movimientos dentro de la oposición y el abstencionismo para las elecciones regionales (consagradas en la Constitución y prostituidas por el chavismo y la Asamblea Nacional Constituyente).

Las elecciones regionales demostraron que, desde el punto de vista estratégico y destructor, el chavismo tiene una organización incomparable, así como que la oposición carece de los medios para competir en esas condiciones. Hoy, casi 36 horas después del evento, no hay vocería oficial sobre lo que ha ocurrido, hay "conspiranoia", no hay transparencia y nuevamente unas urnas hacen el análisis complejo.

Varios factores han influido en esta situación: 1) En la Consulta del 16J participaron al menos 700 mil votantes hábiles, diferencia de votos entre oposición y chavismo conforme las cifras preliminares ofrecidas por Tibisay Lucena en el boletín de las regionales. 2) La migración inconsulta de electores, un día antes de las elecciones, mediante cambios arbitrarios de centro de votación. 3) La coacción que supone la existencia del carnet de la patria, como medio para forzar la votación de los sectores más vulnerables. 4) La violencia, estatal e interpersonal, normalizada, que ha hecho del país un infierno y, especialmente, un lugar de terror en donde el lema del chavismo "somos garantía de paz", se hace cierto cuando un fanático armado te hace escoger entre la vida en revolución o la democracia. 5) El descontento del votante opositor, aquellos que no han migrado ven destrozadas sus convicciones cuando se miente sistemáticamente porque la dirigencia opositora demuestra con claridad que ni como MUD ni como disidencia (desde María Corina hasta Julio "Coco" Jiménez), saben explicar cómo se puede salir de esta debacle. 6) El decisivo control social y político del chavismo, que parece subestimado por los demás, mostrándose poderosos como una verdadera maquinaria soviética, un gran hermano que hasta a mí me ha hecho sentir vigilado, estando a ocho mil kilómetros de distancia.

Al escribir Damocles en Caracas, lo hice como una forma de decir: la oposición no puede ser capaz de caer en tal pantano, de dejarse morir en unas arenas movedizas tan espesas. Nunca defenderé la abstención, pero me sorprende la inexistencia de un plan para contrarrestar todos los obstáculos dispuestos y me indigna la incapacidad de la dirigencia MUD de responder sobre las preguntas mínimas como ¿dónde están las Actas?, pero también me preocupa la mentira repetitiva que mutó de "no participaremos en regionales si hay ANC" a "No se juramentarán nuestros gobernadores electos ante la ANC", cuando ayer la candidata electa por el estado Táchira, mi casa, daba declaraciones confusas sobre su postura en este respecto.

En dos años y medio he tratado de conservar mi identidad, reivindicando mi derecho a hablar en castellano venezolano (inclusive discutiendo con Diccionario en mano mis formas de hablar con puristas del castellano español), a no involucrarme en asuntos españoles o vascos, vi nacer en mí una forma de nacionalismo que nunca sentí estando en Venezuela,  emocionándome por ver una cachapa o poder comer un tequeño, o cantando de forma inconsciente Tonada de luna llena o el Rucio Moro (que no sabía que conocía su letra completa). Hoy, como muchos de ustedes (los 100 fieles que me leen y los 200 que caen aquí por accidente, pues buscaban algo sobre derecho romano), siento que se ha perdido todo. Sé que ese sentimiento es momentáneo y que no seremos una comunidad eterna en el exilio, que podré morir en paz en San Cristóbal, viendo como esto quedará en los libros de historia para no repetirlo.

jueves, 14 de septiembre de 2017

BUROCRATIZADO

Normalmente acudo al blog para escribir cosas tontas que parecen profundas pero que se limitan a expresar sentimientos de esperanza o hacer claro el panorama oscuro que se cierne sobre mi país. Hoy, para variar un poco, me permitiré desmadrarme en contra del Estado, su inutilidad y su existencia concebida como una forma para conculcar libertades, en unos días en que en mi estancia "temporal" en Europa me hace desesperar entre la ideologización de los que quieren más y más Estado.

Desde el 2007 y hasta febrero de 2015 ejercí libremente la profesión de abogado en Venezuela, esto significa que toda mi carrera se desarrolló en la génesis de la Revolución (2002-2007) y los halagüeños mensajes provenientes de la izquierda internacional, porque se devolvía el poder al pueblo, sin importar que se estuviese construyendo el cascarón vacío más grande, cuyo caradurismo se podía ver, como la muralla china, desde la Estación Espacial Internacional.

Mi carrera profesional y mi relación con la burocracia empezó con las explicaciones de mis profesores de Derecho Público y Derecho Administrativo, sus charlas sobre el rol de la administración pública, la discrecionalidad administrativa y sus límites, la estructura del Estado, las competencias, la descentralización, la desconcentración y la delegación, entre muchos otros conceptos tan importantes como inútiles en la Venezuela del Socialismo del Siglo XXI (inspirado en Chomsky y aupado por Monedero). Luego, en el tercer año de la carrera empecé a buscarme la vida trabajando para algún abogado, conociendo la cara de la burocracia al tratar de sacar una patente de industria y comercio ante la Alcaldía de San Cristóbal. El trámite pintaba sencillo y aunque no lo fue, porque la discrecionalidad ya había dejado de ser la excepción para erigirse en norma, tampoco representó un dolor de cabeza insoportable, quizá porque el venezolano está genéticamente preparado para lidiar con un Estado inútil.

¡Qué iba a imaginar yo que a partir de ese momento mi vida se vería envuelta en las redes del Estado venezolano chavista!, un monstruo rojo que no paraba de pedirme papeles, exigirme trámites, inscripciones, declaraciones juradas, carpetas con separadores de colores, carpetas etiquetadas, formularios con facturas de mis consumos en el extranjero, copia de las copias, y un sinfín de idioteces que deben estar  archivadas y llenas de moho en algún sótano o caja de algún inmueble, del excesivo número que en propiedad detenta el Estado. No hubiese imaginado nunca que tendría que ir o pagarle a alguien para que hiciese fila para coger un número de entre los 20 que repartía un Registro Público o una Notaría para poder firmar una venta o un poder, o que una firma sería rechazada porque algún burócrata en Caracas había cambiado el estado civil de mi cliente, o el de mi madre, de casado a soltero o viceversa (de nada serviría el documento público de identidad, valía más el error del imbécil de turno usando el ordenador de la base de datos centralizada).

Con la burocratización supe que la ley de simplificación de trámites administrativos no era sino la muestra clara de ineficacia de la ley, pero también entendí que un Estado como el venezolano, que ya era un elefante blanco antes del chavismo, serviría de plataforma para la dispersión de las responsabilidades en la comisión de los delitos que la Revolución necesitaba para aferrarse al poder de forma indefinida. Cuando tienes que estar ocupando tu vida solucionando trámites burocráticos, pierdes la noción de pérdida de la libertad que tal situación supone. Seguro te identificarás conmigo, pero entreteniéndote haciendo carpetas para solicitar el cupo cadivi para irte de vacaciones, hacía que te quejases pero olvidabas que el Estado estaba poniendo límites al uso de tu dinero, de tu tiempo y de tu vida.

Así que hoy, cuando necesito una constancia de haber residido en el país, me doy cuenta que inclusive a 8 mil kilómetros de distancia, mi vida sigue estando marcada por la burocracia. La misma burocracia que me exigía que cada vez que quería hacer un trámite ante un Registro Mercantil, debía llevar las sopotocientas mil fotocopias de cédulas de identidad de los accionistas de una empresa, y que la imagen quedase en el centro, para satisfacer el trastorno obsesivo y compulsivo del funcionario detrás del escritorio de madera, que olía a naftalina, aunque ya estuviesen dentro del expediente mercantil; la misma burocracia que me exigía firmar documentos con bolígrafo negro y llevar escritos en papel tamaño Legal u Oficio, aunque la propia Constitución impidiese que la justicia se sometiese a formalidades no esenciales. La misma burocracia que me exige pertenecer a un consejo comunal, tener cédula, registro de información fiscal, registro por ante el Sistema de Identificación, por ante Sistema Tributario de Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (que era obligatorio tener pero que no sirve para absolutamente nada), y aun así no tener un mecanismo contenido en la ley para que un organismo encargado del registro civil te emita una constancia de HABER RESIDIDO, porque el burócrata solo tiene una planilla para los residentes actuales, y le impide conocer el derecho de petición contenido en la ley que le obliga a dar respuesta a los administrados sobre asuntos de su competencia. La ley no importa, porque algún burócrata de Caracas considera que X cosa le divierte más, ya que pensar más allá de las órdenes está prohibido.

Es la misma burocracia que te ahoga en papeles para no obtener resultados nunca, que ha establecido tantas contribuciones fiscales y parafiscales, así como tantas obligaciones formales para individuos y empresas, que recuerdo entrar a la recepción de mi propia oficina jurídica (o de la de las empresas para las que trabajaba como asesor) era como una galería de exhibición del absurdo, porque tenía que haber un aviso que diese constancia de que se prohibía fumar, que se prohibía portar armas de fuego, pero que también se prohibía la discriminación, al lado de la cartelera donde debía constar la información de la última declaración del IVA y del ISLR, así como los pagos de la seguridad social, aportaciones al sistema de vivienda de cada uno de los que laboraban en dicha oficina, pero también el RIF, visible, la lista de precios desglosada y, por supuesto, cualquier cosa que al funcionario discrecional se le ocurriese. Un empleado podría desperdiciar de su tiempo de trabajo horas ajustando la cartelera del asco burocrático, que nunca iba a estar completa ni iba a cumplir una finalidad útil, porque la información contenida estaría disponible en los sistemas informáticos de la administración.


Es así, mi vida ha estado marcada por la burocratización, soy venezolano y estoy burocratizado. Tengo que pasar horas y horas frente al computador para solicitar una cita para el pasaporte (y esperar un año por  él), para pedir una cita para apostillar cualquier documento o pedir antecedentes penales. Estoy burocratizado porque para pedir una copia certificada de mis notas de bachillerato, debo someterme a la discrecionalidad del funcionario de turno, y a la voluntad del que sella la planilla, si va o no va, o si quiere o no quiere sellar, este es verídico, muchas veces no pude obtener algún papel porque el individuo encargado de poner sellos húmedos no estaba, aunque estuviese el sello disponible y decenas de personas perfectamente y jurídicamente hábiles para hacerlo.

La burocratización era patente en mi día a día laboral, cosa que noté cuando los ingresos profesionales representaban en más del 80% la gestión de algún trámite ante la administración pública nacional, estadal o municipal, en vez del litigio o la asesoría profesional. Desperdicié miles de horas sentado hablando con funcionarios, sacando copias, corrigiendo tonterías (una vez tuve que ceder ante un revisor de notaría porque no le gustaba que incluyese la construcción disyuntiva "y/o" en un documento jurídico, o porque no le gustaba que pusiese Artículo en vez de Cláusula en un documento).

Han pasado 2 años y medio desde que salí del país, y no hay día en que la monstruosidad de la burocracia revolucionaria no tenga una forma de fastidiarme la vida, porque solo alguien que es venezolano entenderá lo que estar burocratizado. Por cierto, que conservo las facturas de mis consumos cadivi del año 2015, me da terror botarlos, no vaya a ser que el funcionario de turno me los pida para seguir fregándome la existencia.

La burocratización es una forma de control social que en Venezuela ha funcionado muy bien, ahora se disfraza de Carnet de la Patria. El crecimiento desmedido del Estado y la forma en que se inmiscuye en todos los aspectos de tu vida, como disponer límites al retiro de dinero efectivo de tu cuenta bancaria, o los días en que puedes comprar algo conforme la numeración de tu cédula de identidad, conculca tu libertad. No olvidemos que por cada decisión discrecional del burócrata, que no esté amparada por las disposiciones de la ley, supone que conculcan tus derechos políticos.

Conforme la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Art. 12), y como bien recuerdo que me enseño Luis Eugenio Correa, me permito citar a Brewer (2011), quien hablando de este tema, afirma: "de acuerdo al derecho administrativo venezolano, las actividades administrativas discrecionales sólo pueden existir cuando una ley expresamente otorga a la administración el poder de evaluar la oportunidad y conveniencia de sus acciones, lo cual ocurre cuando la misma otorga a un funcionario público el poder de actuar de acuerdo a su evaluación de las circunstancias."

sábado, 5 de agosto de 2017

DAMOCLES EN CARACAS

La tendencia a contar historias con relevancia moral nos asiste desde antaño. Así, ante una coyuntura especialísima, que no puede ser analizada de forma simple por politólogos, economistas, juristas (aunque es mucho más sencillo por la clara ruptura del Estado de derecho), sociólogos o filósofos, parece que Damocles pasea por Caracas deseando el poder que detenta hoy la dictadura chavista para sí mismo, sin entender que sobre su sien se cierne una espada afilada que sólo se sostiene por la frágil crin de un caballo.

No voy a engañar a nadie, no me entusiasma la idea de las elecciones regionales, pero como Joseph Raz afirma, el éxito depende de que los objetivos que se persigan no sean triviales, banales. Es decir, la lucha por la democracia a través de la violencia forma parte de nuestro pauperrismo social, de nuestra violencia estructural cuya siembra empezó mucho antes del chavismo y que es hija de ese absurdo culto al uniforme verde, a la asociación de orden y disciplina con lo castrense y el desdén que hemos tenido por la democracia. Por ello, entiendo a cabalidad que la lucha por la restitución de la república democrática es dura y debe ser virtuosa, para garantizar un futuro viable para toda la nación.

La realidad es mucho más compleja y el juego político no solo supone un pluralismo de valores ciudadanos, sino tal diversidad que la coalición opositora reúne más de 40 tendencias políticas disímiles.  Inclusive, se hacen argumentos idiotas como el del movimiento ORDEN, que pretende reducir todo el asunto a una exacerbación del nacionalismo conservador de derecha fundándose en la reivindicación de ideas que configuran nuestra propia tragedia,avaladas por el rentismo, propagado desde Gómez, y que ha servido para construir el Estado más grande y más ineficiente del orbe, bajo políticas de una social democracia bananera que seguimos empeñados en perpetuar sin seriedad. 

Sufrimos la ausencia de responsabilidad en la acción política individual en quiénes han sido erigidos como representantes en la gesta que se fragua a diario en contra de un poder autárquico y criminal como el que representa Maduro y compañía. Damocles apetecía los banquetes, los lujos y los privilegios del rey Dionisio, y por eso se deshacía en alabanzas y lisonjas hacia él, hasta que tuvo la posibilidad de ocupar su lugar. El poder despierta envidias y, en muchos casos, muestra las peores facetas de los individuos. Pero el poder  también conlleva riesgos, y uno de los riesgos que plantea una nueva lucha cargada de frustraciones porque no se desvela con honestidad su cometido, es perder la cabeza por la espada dictatorial que se cierne sobre cualquiera que asuma una posición crítica contra el chavismo, que ahora es más peligroso con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente carente de toda legitimidad o legalidad.

Acudir a las elecciones regionales es un deber consecuente con los derechos que tratamos de reivindicar desde la lucha por la democracia. Acudir a las elecciones regionales por una cuota de poder es, por contrario, un crimen contra la lucha democrática y un vejamen a la memoria de los asesinados. Muchos lo han descrito con presteza: Si acudimos a las regionales y ganamos, el chavismo desconocerá los resultados, como lo ha hecho con la Alcaldía Metropolitana que ganó Ledezma, hoy en arresto domiciliario, o como anuló con un proceso judicial fraudulento, a las elecciones parlamentarias de 2015 (si, hoy, más de dos años después, no decide la Sala Electoral, el asunto que generó la controversia y que "justifica" el falso desacato).

Si no acudimos a las regionales, el chavismo hará las elecciones y se hará de todas las gobernaciones, consolidando más su poder. Así que la situación es perder-perder, pero la democracia no puede conquistarse con métodos que no garanticen su supervivencia, o la convivencia pacífica a futuro, como decía Kant en la Paz Perpetua, palabras más, palabras menos, no puedes hacer una guerra que no garantiza una paz futura. Es más fácil llamar a la rebelión y a las armas cuando no se ha de empuñar una sola espada ni disparar una sola bala. Una lucha ajena a los valores democráticos y republicanos, que inclusive legitima la fuerza para la autodefensa y autoprotección, es una condena a años y años de conflicto, de violencia bélica y también, la posibilidad de una masacre mayor.

Son momentos difíciles, en la que la falta de responsabilidad puede llevar al país a una quiebra moral definitiva, y es lo que debemos evitar. Mi apuesta es por la lucha cívica y democrática, la resistencia civil es un derecho, no una prerrogativa ni una excusa para trancar una calle sin miras altas y fructíferas. La resistencia la debemos ejercer todos, porque la búsqueda de la justicia no puede ser dubitativa, no puede ser vacilante, por eso ser justo se percibe como un valor personal.

Quizá el llamado de Ledezma a la reflexión es una campanada moral para los demás miembros de la oposición, algunos en un estadio de infantilismo político, como el de R. Muchacho y las tendencias en twitter; o del viejozorrismo adelantado y cruel de Ramos Allup; o, peor aún, de falso crítico Henri Falcón y el oportunismo de Rosales; o la ingenuidad devota de María Corina, el exceso de retórica y la falta de hechos de Capriles y la soberbia de ungido de Leopoldo. La propia agenda, aunque la erijan en nombre del pueblo, no aporta soluciones sino hace más difícil el camino, acabando con las esperanzas del país.

A todos nos cabe reflexionar. Las regionales, por sí mismas, sin acompañamiento estratégico no son sino una nueva estafa contra las personas, que son las que verdaderamente sufren la crisis sin precedentes. La improvisación política hace daño, pero aun más daño hace la inexistencia de un verdadero código ético para la oposición democrática que haga creer al ciudadano que la lucha que lleva a cabo todos los días, en la lucha callejera o en la búsqueda del sustento diario, no se agotará en un pedazo de papel consignado a un organismo internacional o en un discurso en una Asamblea Nacional que no tiene un solo soldado o policía que acate sus mandatos legítimos. 

Y aquél que por su propia codicia ocupe un trono y se regodee en los festines de la victoria fatua, que se cierna sobre su cabeza la espada de la historia, que no perdonará a quienes obvien la necesidad de la unidad y de salvar al país.

miércoles, 12 de julio de 2017

LA CONSULTA SOBERANA DEL 16 DE JULIO


En este post no pienso reproducir ideas sobre desobediencia, menos aún hablar de la labor de la resistencia venezolana o valorar la actuación de los líderes políticos. No, aquí pienso informar sobre la Consulta Soberana del 16 de julio de 2017, de carácter plebiscitario y que fue convocada por el poder Legislativo bajo el mandato del artículo 71 de la Constitución, que desde su preámbulo ya habla del referendo consultivo como manifestación soberana. Recordemos el texto del 71:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador
o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

Quizá una de las grandes ventajas que proporciona la Constitución del 99 es el ejercicio de la democracia directa, participativa y protagónica. De manera tal, que esta consulta es un ejercicio de democracia directa, sin intermediación de los órganos de poder público, como el CNE, bajo la modalidad del referendo consultivo, es decir, un plebiscito. Este principio está consagrado en el artículo 5: 
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
El carácter plebiscitario de la consulta (no porque la constitución diga expresamente que el referendo consultivo es un plebiscito, sino porque toda consulta popular que no da acceso a un cargo de elección popular es, per se, un plebiscito), excluye la participación del CNE, pues el referendo consultivo no es competencia exclusiva y excluyente del Poder Electoral,en razón de las atribuciones del artículo 293. Recordemos que la Soberanía en Venezuela reside en el pueblo quien la puede ejercer de forma directa.
Es decir, en un acto constitucional de rebeldía y bajo el amparo de la propia Constitución, el Parlamento (que fue declarado ilegítima e inconstitucionalmente en Desacato por el Poder Judicial), busca dar a la ciudadanía espacios de participación, así como la garantía de transparencia que no puede dar el Consejo Nacional Electoral, quien en menos de un mes organizó una logística para la Asamblea Nacional Constituyente, pero que no quiso hacerlo para el Referendo Revocatorio o las elecciones regionales que correspondían al año 2016.
La Constitucionalidad se ha roto, y la única forma de volver a ella es a través de la misma Constitución. Los juristas nacionales de renombre y de diversas tendencias recalcan a diario la necesidad de explicar la inconstitucionalidad de cada uno de los actuares del gobierno de Nicolás Maduro. Así, podemos recordar que el camino de la constitucionalidad no puede perderse y, en este caso, va más allá de valorar las preguntas del Plebiscito (que pudieron haber sido más claras), muy bien llamado Consulta Soberna (esa que Maduro no quiso hacer para su constituyente). Se trata de el medio legítimo más importante de desobediencia civil que tienen los venezolanos y las venezolanas para buscar la recuperación de la Constitucionalidad.
Leamos los artículos que sustentan el actuar apegado a la Carta Magna
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

La Constitución no pierde su vigencia cuando es derogada de facto. Esto ocurre como bien lo ha documentado José Vicente Haro en su blog Buscando el Norte, con 111 decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que el artículo 333 es perfectamente aplicable, en tanto la Consulta Popular permite que cada ciudadano, investido o no de autoridad, pueda colaborar en la restauración de la constitucionalidad. Es decir, es un deber ciudadano acudir a la Consulta Popular como único medio legítimo e institucional abierto, en razón del secuestro de los poderes públicos mediante la instauración de un gobierno militarista autocrático (léase, dictadura). Adicionalmente, el 350, el famoso artículo que positiviza la Desobediencia Civil, fundamenta toda acción en desconocimiento de un gobierno no democrático. 

¿Los efectos de la consulta? 
Una muestra de desobediencia civil fundamental porque de ella depende la República, su salvación o su muerte. ¿Suena dramático verdad?, pues se queda corta ante la posibilidad de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que propone Maduro. Quedarse en casa es abrir la puerta a la perpetuación del chavismo en el poder, como si 18 años no hubiesen sido suficientes.
El referendo consultivo no es más que eso, una consulta. Por supuesto que el oficialismo desconocerá sus resultados, como lo hacen con la Constitución y la Ley. Pero una muestra de poder a través del referendo consultivo popular es lo que el chavismo ha negado desde el 2016. Este referendo solo será útil si votamos todos, si la movilización es masiva.
Yo acudiré a votar a la Diputación de Guipúzcoa, en San Sebastián, España; con mi cédula y mis esperanzas puestas en el país. Aquí les dejo los enlaces con toda la información, las preguntas y los Puntos Soberanos. También les dejó más análisis sobre la Consulta Popular
Compartan, difundan:

¿POR QUÉ VOTAMOS?

jueves, 25 de mayo de 2017

Venezuela ante el reto de la tolerancia

Cada noche el desvelo se apodera de mi descanso. Es imposible explicar a quienes me encuentro día a día, el desasosiego que la situación venezolana produce al migrante. Siempre encontraré comentarios de pena, o preguntas como: ¿y por qué no le echan?, ¿pero le habéis votado?, y cualquier intento de explicar la surreal historia venezolana se hace larga e imposible de hilar para la población de un país rico, como España (asumo que esta aseveración genera molestia, pero es un hecho innegable al que ninguna comparación puede acercarle a las realidades latinoamericanas, asiáticas o africanas). Sin embargo, en este enlace un colega abogado tachirense (Luis Manuel) hace un esfuerzo por explicar al extranjero ciertos aspectos del chavismo que no se difunden con tanto ahínco como si ocurre con la propaganda roja.

Por supuesto que mi preocupación no tiene que ver únicamente con la frustración ante la inacción diplomática, cuyos tiempos y pasos son siempre los menos apropiados para el que muere de inanición o por falta de medicinas. Esto es una realidad insoslayable que no hemos, como humanidad, podido modificar, sobre la base de las complejas relaciones macropolíticas. Tampoco tiene que ver con la sensación de soledad por la falta de empatía generalizada, que alrededor del conflicto venezolano percibo en mi lugar de residencia, y que puedo, perfectamente, mitigar relacionándome con otros venezolanos. Ante el exilio generalizado  puedes encontrar un "pana" en cualquier lugar del orbe (más de un millón de nacionales han dejado el país, en lo que se conoce como la diáspora venezolana, que recoge datos oficiales, otros estiman en 3 millones la cifra). Con los "panas" puedes drenar los horrores que te toca vivir en las madrugadas, cuando no sabes quién será el próximo en caer por la represión, la delincuencia o los linchamientos. Sin saber si ese próximo será un conocido o alguien extremadamente cercano, como ocurrió con Daniel Rodríguez, alumno de mi Universidad, específicamente de una sección en la que da clase una de mis mejores amigas, y dos amigas que son grandes colegas profesionales. Ellas sintieron un dolor que no conozco, pero que me aterra, porque sí, la muerte está al acecho y el miedo es cotidiano.

Lo anterior son motivaciones personales que propician las líneas que siguen . No paro de escandalizarme con la manera en que nos hemos consumido por la violencia, los números, las tendencias y las historias. La persecución, los linchamientos. En una semana recibí imágenes de amigos culpables solamente de ser hijos de chavistas con poder, con incitación al linchamiento social. Yo debo confesar que no sé cual sería mi reacción ante la visión de un revolucionario corrupto, como por ejemplo Max Arvelaiz, paseándose por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, con el dinero que le hacen falta a los hospitales, pero al menos desde la tranquilidad de este escritorio y la sindéresis de los argumentos, no puedo defender un linchamiento sin ir en contra de mis propios principios, opino, como Briceño, que debemos ser mejor, porque no somos como ellos.

 Tengo familia, amigos y conocidos que han defendido de forma honesta a un modelo inservible, pero lo han hecho desde la mayor honestidad y, lastimosamente, con un fanatismo ciego que hace que muchos les tildemos de cómplices. Esto me hace reflexionar, pues no podría justificar un ataque, un golpe o un linchamiento social, y menos aún físico. Quizá la  idea del linchamiento de toda la izquierda chavista me produce un rechazo total, pues aunque no me case con sus ideales, es innegable que existe una izquierda democrática que no puede ser borrada del mapa, y forma parte del espectro político democrático, especialmente el venezolano. Además, retomando las palabras de Luis Manuel, de quien refiero su artículo al inicio de esta entrada, el 80 % de la oposición venezolana agrupada en partidos, es de izquierda o centro izquierda, poco liberalismo (en VENTE, en mediano grado), y solo NUVIPA, ORDEN son de derechas conservadores.

¿Qué quiero decir con esto?, que durante los últimos 7 años de mi vida me he volcado al estudio de la tolerancia desde una perspectiva filosófica, pensando que podría involucrarme en estudios sobre otros países, sobre el multiculturalismo, sobre procesos de paz o, mejor aún, escribiendo de como una revisión del liberalismo podría fortalecer la democracia occidental y promoverla en otros lugares, fundándose en la práctica de la tolerancia. Pero no, la realidad me ha hecho encontrar el reto de promover la tolerancia en una sociedad herida, como la venezolana, en la que no vislumbro una forma de encontrar la vía de acceso a una transición del chavismo hacia un modelo verdaderamente plural, sin que el odio y el resentimiento sembrado durante 18 años de martirio no salga a flote con nuestros peores procederes. Como se dice en alguna película de la cultura pop, a veces siento que hay personas que solo quieren ver el mundo arder.

En abril escribí sobre la necesidad de abrir espacios y dialogar, de lo mucho que debemos cultivar la idea de que la reconstrucción no puede partir de la venganza en contra del chavismo, sino del perdón y de la justicia, esa justicia que se ha negado con tanta vehemencia impartir  el partido de gobierno. Pero la justicia no puede ser impartida como en el Terror francés, que M. Ferro describió como una “forma de gobernar que se apoya en el resentimiento popular y que no se queda satisfecho ni saciado con un cambio de poder”.[1] No, la justicia debe propiciarse desde la constitucionalidad, recobrando los espacios perdidos, y haciendo los cambios necesarios para garantizar los mínimos procesos para la ciudadanía. Es decir, la transición debe contemplar un plan estructural de recuperación de la institucionalidad democrática que debe ser vigilada por los organismos internacionales multilaterales, para garantizar que el proceso no se vea contaminado por el odio, la venganza y, especialmente, el resentimiento producto de 18 años de apartheid socialista criollo.

Poco puede entenderse nuestra historia como opositores si no has sido discriminado, atropellado o amenazado por tu tendencia política, pero eso nos permite, en un ejercicio de tolerancia, ponernos en el lugar del otro, considerándolo como una persona, esa persona digna que ellos no vieron en nosotros, y así abstenernos de suprimirles, aun cuando sigamos estando en desacuerdo con lo que profesan, lo que defendieron y auparon, o los actos que cometieron. Yo deseo para ellos los debidos procesos, la administración imparcial de justicia, el respeto a sus derechos fundamentales, porque son dimensiones de la propia dignidad humana. Yo deseo para los que cometieron crímenes, las garantías procesales que no supieron o no quisieron darle a nuestros presos políticos.Los desacuerdos morales sólo se pueden solventar satisfactoriamente bajo parámetros de justicia democráticos, todo lo demás decanta en una imposición, como lo ha hecho el chavismo durante 18 años.

Del rescate de la institucionalidad para proporcionar justicia es que se puede construir una sociedad que va a requerir de tolerancia para evitar el desenlace fatídico que supondría una confrontación bélica civil. Y estas son palabras que no quiero dirigir sólo a la oposición, la disidencia y la resistencia, sino también a la izquierda democrática que añora el chavismo como fuerza mayoritaria, justicia y tolerancia para todos. Como alguna vez dijo Rawls en la Teoría de la Justicia, solo bajo le velo de la ignorancia podemos construir un sistema de justicia bajo parámetros que satisfagan los reclamos de todos. Cuando ignoramos todos aquellos elementos preconstituidos que acompañan nuestros juicios de valor, podemos alcanzar acuerdos y consensos que se centran en la igualdad y la propia libertad (ojo, aquí me tomo licencias interpretativas de una idea mucho más compleja). Para Rawls “donde encontramos la justicia formal, el imperio del derecho y el respeto a las expectativas legítimas es probable que encontremos también la justicia sustantiva”.[2]

Con esto del velo de la ignorancia, refiero una idea de Rawls,  que nos puede ayudar a encontrar el sentido de la reconstrucción de un sistema de justicia que pueda dar garantías de constitucionalidad bajo el imperio de los Derechos Humanos fundamentales, y que como lo explica Freeman,[1] sirve para dejar de lado la información que no es moralmente relevante a la hora de decidir qué principios deben implementarse para obtener una concepción de justicia. De esta forma, criterios como la religión, la raza, el género, grupo étnico, clase social, entre otros, son irrelevantes a la hora de elegirlos y generar una sociedad donde pueda edificarse una estructura que garantice el verdadero ejercicio del poder político en condiciones de igualdad para sus miembros.

El reto de la tolerancia en Venezuela, nación llena de heridas, y cuyo proceso político violento está en plena ejecución, supone la posibilidad de que cada uno de nosotros entienda que la crisis no se acaba con la deposición del chavismo (que espero sea por vías pacíficas y democráticas por el riesgo que supone caer en un juego distinto al constitucional, que es el territorio de ellos, los que detentan las armas); sino que la verdadera tarea es la reconstrucción de un país que después de 18 años sigue con los mayores niveles de pobreza de la región (pobreza crítica latinoamericana, 80%) y una delicada situación económica propiciada por el desfalco de los mayores recursos monetarios de la historia del país, hipotecados a rusos y chinos, por lo que hay que empezar a proyectar estos escenarios, en vez de dejarnos llevar por la espiral de violencia que nos consume.


[1] FERRO, Marc, Historia de Francia, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, p. 180.
[2] RAWLS, John, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, p. 67.
[3] FREEMAN, Samuel, Rawls, Londres/Nueva York, Routledge, 2007, pp. 143-144.


viernes, 5 de mayo de 2017

LA CONSTITUCIÓN DEL 99: ¿la niña de los ojos de Chávez? ¿En serio?

Hace unos meses expresé la necesidad de un nuevo pacto social, para establecer nuevas bases sobre las cuales construir una democracia sostenible en Venezuela. En dicho texto, dije que la Constitución del 99 había muerto de inanición y en su incapacidad de hacer balances institucionales dentro de sus poderes, haciendo expresa mención a las falencias de controles, mal federalismo o el adefecio jurídico de la Sala Constitucional. Sin embargo, esta idea del nuevo pacto social ha sido tomada como caballito de batalla por parte del monstruo que gobierna el país. El chavismo, padre de la Constitución de 1999, encuentra en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (o prostituyente, Ramos Allup dixit) una posibilidad de ganar espacios, tiempo, evitar elecciones o, también, su propia tumba.
Sigo creyendo en que uno de los pasos para la transición debe pasar por un nuevo pacto social, pero eso no significa que esté de acuerdo con que la iniciativa de ese nuevo pacto social parta de la presidencia, que adolece de ilegitimidad: ab initio y de ejercicio. Incluso, creo que la vía de la Reforma pudiese corregir ciertos desaciertos y no todo supone una constituyente (incluso, el planteamiento verbal de Maduro califica para Reforma). Pero lo que estamos presenciando es el principal y más grande fraude constitucional de la historia nacional, sustentado a su vez en la poca claridad de la Carta Magna y en los poderes de la Sala Constitucional, que seguramente interpretará en favor de la iniciativa de Maduro, antes las dudas planteadas.
Este post no va de analizar la Asamblea Constituyente ni el Poder Originario, ya han dicho lo suyo los expertos más calificados, no solo por sus conocimientos sino por su trayectoria, y solo voy a afirmar: iniciativa no es lo mismo que convocatoria y que la única forma de ejercicio del sufragio es la universal, directa y secreta, porque la Constitución no es un cúmulo de normas aisladas que se interpretan individualmente, no, es un cuerpo sistémico integrado de forma lógica y unitaria. Así que no hay manera de que la convocatoria de la ANC provenga de la presidencia, pues solo tiene iniciativa. Ratifico así, lo dicho por Hernández, por Brewer, por Haro, por Carrillo, entre muchos otros buenos abogados que han dado su opinión.

El presente documento tiene una finalidad, levantar mi voz de protesta y asombro en contra del discurso que se pretende instaurar sobre que la Constitución de 1999 es la hija de los ojos de Chávez y que se está asesinando su legado. Si la Constitución de 1999 fue hija de Chávez, entonces Hugo Chávez fue el principal maltratador de su hija, pues la ruptura del orden democrático consagrado por ella provino de Chávez, ¿o es que la memoria histórica nacional es tan corta para olvidar que cuando los límites democráticos derivados del corte liberal de la Constitución fueron obstáculo constante para el desarrollo del proyecto autoritario del chavismo?
No seré fanático de la Constitución del 99, pero no puedo objetar ni su corte liberal, ni su carácter democrático y menos aún su legitimidad. Por ende, como venezolano, debo decir que fue su padre el principal vejador de la niña, la bicha. Y espero poder citar una serie de actos llevados a cabo contra su propio espíritu liberal y democrático, que demuestran que el hilo constitucional se fracturó por obra de la mano zurda ungida de Hugo, así como que la Constitución fue un obstáculo, por su propio corte liberal, y que fue poco a poco removido para pasar de una democracia novel, a un autoritarismo competitivo, hasta ser letra muerta bajo la mano autoritaria de Maduro.
Advierto, no es sino una enumeración de casos importantes que son apenas porción de las vulneraciones constitucionales.[1] Puedo empezar con el dictamen de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, abiertamente inconstitucional, pero constitucionalizada con la venia de los magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia politizado a partir de la reforma de su estructura del 2004.[2] Esta norma afecta considerablemente la libertad de expresión e información y asume potestades discrecionales para el Estado en materia de control y censura. Es la norma reina que ha propiciado la censura previa y la obscuridad en la información dentro del país, y no es de Maduro, no, es de Chávez, y es inconstitucional. Igualmente la denominación de Bolivariana de las Fuerzas Armadas, es una figura no contemplada en la Constitución, así como ocurre con las milicias, y también con los consejos comunales. Todas obras de Chávez y en franca oposición a la Constitución. También tenemos una historia de horror en el caso de las expropiaciones de la propiedad privada, cuyo resultado fue confiscatorio, porque en la mayoría de los casos no hubo pago de justiprecio, y en muchos otros ni siquiera hubo debido proceso, ambos garantías constitucionales democráticas fundamentales. Más de 3 millones de hectáreas habían sido expropiadas en 2012,[3] y no hay constancia de pagos salvo aquellos que se refieren a casos emblemáticos de interés internacional, como los de EXXON MOBIL y CEMEX.
María Emilia Rebollo,[4] afirma que para 2016, no habían "estadísticas oficiales en las que se especifique la cantidad de terrenos que fueron tomados, si bien se estima en base algunas declaraciones públicas de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) y del Instituto Nacional de Tierras (INTI) que los predios serían 1.200, es decir, 5,7 millones de hectáreas." No olvidemos el caso  de Franklin Brito, quien murió por la omisión constitucional de Chávez de escuchar los justos reclamos del hacendado, quien emprendió una huelga de hambre que culminó en fatalidad. De esta forma, la confiscación asumió la forma de expropiación, y esto es obra de Chávez, y es inconstitucional, junto con las leyes impulsadas por el Parlamento que legalizaron estas acciones mediante la imposición de declaratorias de utilidad pública previas, que permitían la toma de posesión de los fundos afectados, así como de empresas y bienes.

Bajo el mandato de Chávez también se propició la estructuración ad hoc de los poderes públicos, como es el caso del Poder Electoral, con una decisiva influencia del Poder Judicial, con la única intención de subvertir los debates y procesos democráticos que podrían llevarse en un parlamento para la designación de sus miembros. Siendo caballo de batalla la presencia de miembros confesos del Partido de Gobierno dentro de la misma directiva del ente encargado de los procesos electorales, es imposible recordar el activismo político de Jorge Rodríguez o de Socorro Hernández. Eso es inconstitucional, y provino de la mano de Chávez, esa mano que tanto vejó a la Constitución. También una táctica disuasoria para quienes empezaron a desconfiar más y más de la imparcialidad del ente encargado de los procesos electorales.

Por supuesto que muchas de las conductas del chavismo fueron propiciadas por errores de la oposición, como el dejar en manos del oficialismo la Asamblea Nacional, lo que permitió disfrazar de legalidad la inconstitucionalidad, pero esto no obsta para calificarlas de constitucionales. Chávez subvirtió el contenido de las leyes habilitantes, que sólo podrían versar sobre ciertas materias, y el Parlamento le otorgó poderes ilimitados a través de leyes habilitantes, excediendo de los límites constitucionales, permitiendo que el otrora líder de la revolución izquierdista, impusiera más de 200 leyes de lo más variopintas, inclusive en materias de reserva legal. De tal forma que la revolución no es solo un entramado político e ideológico, sino también un berenjenal jurídico que da todo menos seguridad jurídica.

Estos son solo ejemplos puntuales, que junto con la Reforma perdida, y luego incorporada mediante una Enmienda y leyes sucesivas. La gente negó las reformas propuestas, como la reelección indefinida y la denostación del pluralismo político por un  socialismo impuesto, pero Hugo Chávez se encargó de maniobrar los hilos del poder para incorporar todo mediante la Enmienda y leyes inconstitucionales. No podemos olvidar que cuando Antonio Ledezma ganó democráticamente la Alcaldía Mayor, Hugo Chávez nombró un cargo burocrático paralelo, para vaciar de competencias el periodo constitucional de Ledezma. Así, de la nada, y contra la Constitución apareció Farias, como Jefa de Gobierno del Distrito Capital,[5] bajo la figura de la la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital. Pero sus actos inconstitucionales fueron más allá, incluso contra sus propios copartidarios, como la oscura acción respecto del gobernador de Apure, J. Aguilarte, quien “renunció”, o como decimos los venezolanos “lo renunció Chávez”, asumiendo sus funciones Ramón Carrizales, contra toda norma de derecho.[6]

Así que contribuyamos al cambio, no hablemos de las acciones de Maduro como una traición a Chávez, no seamos falsos, que la Constitución y el hilo constitucional democrático está quebrado desde hace mucho. No aportamos nada positivo, si no contamos los hechos de forma veraz. Llamamos a la Constitución del 1999 la obra de Chávez cuando fue el primer promotor de la inconstitucionalidad, que siempre que sintió que la democracia obstruía su proyecto político, y no dudó en violar la Norma Normarum, a su antojo, como cualquier megalómano lo haría para mantenerse en el poder.
Maduro es tal como Chávez, pero sin carisma y apoyo internacional. Por supuesto que a esta entrada le falta profundidad en normas y leyes, pero es una entrada de blog, que da elementos suficientes para que cada quien indague sobre el mito de Chávez.

ME FALTARON MUCHAS VULNERACIONES CONSTITUCIONALES, ¡¡escribe las que consideras pertinentes en los comentarios!!



[1] Asdrúbal Aguiar escribió sobre estos temas con amplia documentación, véase: Aguiar, A. (2012), Historia Inconstitucional de Venezuela (1999-2012), Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. Disponible en línea en:  http://allanbrewercarias.net/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea9/Content/II.5.55.pdf
[2] Entre 2004-2013, el Tribunal Supremo de Justicia no dictó ninguna sentencia en contra del Gobierno. Esa fue la conclusión a la que llegó un grupo de juristas entre quienes figuran Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol, tras analizar 45.474 sentencias de las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral. Fuente: http://runrun.es/nacional/venezuela-2/251454/los-13-records-mundiales-del-comandante-galactico.html
[4] Rebollo, M. (2016), La revolución que no fue: las tierras expropiadas en Venezuela, improductivas. Ámbito.com [en línea], disponible en: http://www.ambito.com/827537-la-revolucion-que-no-fue-las-tierras-expropiadas-en--venezuela-improductivas
[5] Así lo reportó BBC MUNDO en 2009:
  http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/04/090415_0912_chavez_caracas_amab.shtml
[6] Para ahondar en ello Tal Cual publicó esta nota en febrero de 2011: http://www.talcualdigital.com/Nota/48379/una-renuncia-polemica

martes, 25 de abril de 2017

DIALOGAR

No hay día que pase sin que el término "diálogo" encuentre un cúmulo de detractores dentro de las filas de la disidencia, resistencia u oposición venezolana. Es curioso la forma en que la matriz de propaganda del chavismo ha logrado apoderarse del discurso venezolano, sin duda alguna es el partido de gobierno el que dispone de los recursos para imponer motes y viralizar información, hacer tendencias en redes sociales y, de forma absoluta, generar un rechazo iracundo respecto de temas que son vitales para superar 19 de años de des-democratización de Venezuela.
El diálogo es una forma de comunicación verbal, que desde el punto de vista de las personas supone la existencia de interlocutores y, especialmente, un contexto que procure un determinado objetivo, una finalidad. La phronesis, o capacidad de prever, cuyo desarrollo es más amplio en Aristóteles y Santo Tomás, permite que el intercambio de información que se produce al dialogar, permita querer un resultado determinado, por lo que se supone que el diálogo debe tener sentido para quienes intervienen en él.
Un diálogo no puede ser un monólogo, de forma tal que las normas del diálogo, incluso el que puede llevarse a cabo en una mesa de un bar, mientras se comparte cerveza y se juega a las cartas o al dominó, consiste en un intercambio multidireccional de ideas con la finalidad de concluir en x o en y. Ahora bien, en el ámbito político, del ejercicio del poder conforme se conoce en la democracia contemporánea, el diálogo se escenifica a nivel parlamentario, porque supone reglas, interlocución, pluralismo en las posturas representadas por los parlamentarios y, por supuesto, una finalidad, un motivo que justifique llevarlo a cabo, ya sea para adoptar una declaración conjunta o argüir en la formación de las leyes. Incluso, la intervención más infructuosa del diálogo quedaría asentada en el diario de los debates, dejando constancia de que en el momento A, el diputado B se opuso a la propuesta C, aunque el resto de parlamentarios no estuviese de acuerdo.
Pero la normalidad democrática puede romperse, especialmente en un siglo XXI, que no termina de definirse claramente en su fortalecimiento de la democracia o en la verificación paradójica realidad, lo que hace necesario, para salvar la democracia, que no se estigmatice el diálogo como un invento del demonio, sino que se desenmascare lo que se pretende vender como diálogo, sin serlo. En Venezuela, la ruptura del estado democrático no es algo exclusivo del chavismo madurismo. La degradación de la calidad democrática (que nunca fue A1) ha sido denunciada desde que se produjo la ruptura del orden constitucional del 2002, entre renuncias, vacíos y golpes, de forma tal que vender la dictadura como un novus ordos, hace creer que la degradación no ha sido sistémica y consiste en un problema estructural gravísima, que debe configurar el punto de partida del diálogo como germen de la regeneración democrática.
Entiendo a la perfección que el término diálogo resulte negativo, en tanto el chavismo se ha encargado de vaciar su contenido al convertirlo en una manera de ganar tiempo para sostenerse en el poder, pero un demócrata debe abrir siempre la puerta a la solución por vías de diálogo de los problemas políticos, porque la alternativa es siempre violenta, y aunque no toda violencia pueda resultar mala, en una sociedad de violencia, como lo es la venezolana, la anarquía está solo a un paso de acabar con el Estado, fallido per se.
Pero, ¿con quién dialogas? Primera interrogante que quiero abordar.
MacIntyre (Animales Racionales y dependientes, 2001, p. 72) explica como siempre se ha pretendido trazar una única y rígida línea divisoria entre animales humanos y animales no humanos con un énfasis en el lenguaje, concebido éste como la capacidad de emplear cadenas de expresiones ordenadas en cuanto a sintaxis y semántica, y que se representa en el habla. Entonces, debemos partir por entender que dialogamos con otros seres humanos, capaces de emplear el lenguaje para construir ideas y exponer argumentos y razones. De esta forma, por bárbaro que sea el siguiente ejemplo, el equipo de rescate dialoga con el secuestrador para evitar que el secuestrado sea asesinado., inclusive mediante el pago del rescate exigido. Asimismo, las partes confrontadas en una guerra cruenta, dialogan para lograr un cese al fuego o un armisticio; y, finalmente, la oposición solo puede dialogar con el chavismo, porque el poder lo ejerce el chavismo, y nadie más.  Así que no tiene nada de raro que se dialogue con el enemigo, porque no todo diálogo se produce en una mesa de bar, ni todo diálogo supone amistad y camaradería. No, el diálogo político, ante problemas graves como la pérdida de la democracia, supone dialogar con quien no quieres dialogar.
¿Por qué dialogas? el diálogo supone el reconocimiento de un problema que debe solucionarse. Al menos en estos términos planteados, es decir, de extrema conflictividad política. Por lo que se torna complicado el asunto del diálogo, cuando los problemas a discutir son tan radicalmente opuestos en la perspectiva pues el chavismo afirma que no ha hecho nada mal en 19 años y que todo es culpa de una guerra económica y que ellos son ampliamente democráticos; y, por su parte, la oposición tiene pruebas irrefutables de que lo que afirma el chavismo no es cierto y que solo a través de procesos electorales se puede forjar una verdadera transición hacia la decencia. De manera tal que la razón del diálogo debería suponer un punto fundamental, que es buscar soluciones a los problemas del país, pero la naturaleza de uno de los interlocutores es tan autoritaria, que la razón que ofrecen para el diálogo no resulta más que en un chantaje para aceptar la versión oficial, vendida y reproducida como dogma a través de la maquinaria de propaganda del Estado. Solo tiene usted que revisar las cuentas oficiales de las redes sociales para verificar que se produce propaganda de forma descarada.
Así que dialogas para conseguir una solución y lo haces con quien sea que pueda proporcionarte la solución, que ya podemos observar que se complica con la naturaleza autoritaria del chavismo. Pero nos quedan otros puntos que abordar ¿Para qué dialogas?, y ¿Bajo qué condiciones dialogas? La primera responde a los fines que quiere cada una de las partes en conflicto. ¿El chavismo quiere dialogar para permanecer en el poder? ¿La oposición quiere dialogar para tomar el poder? ¿Dialogan para consensuar una solución democrática?
Las posibilidades son múltiples, y por supuesto que la propaganda ha entronizado la primera opción. El diálogo tiene como finalidad sostener al chavismo en el poder, situación que va ligada a la segunda interrogante, las condiciones del diálogo que han sido impuestas por el gobierno, desde los mediadores hasta la agenda, inclusive transformando diálogos en monólogos, acuerdos en letra muerta y mediadores en actores políticos.
No tengo una respuesta ni una propuesta para solventar esta diatriba, porque no puedo cambiar el sesgo autoritario y delincuencial de quiénes gobiernan a punta de balas y represión. Pero "todo ejercicio de la facultad  de reflexionar sobre las razones para actuar supone que ya se tienen esas razones sobre las que es posible reflexionar, con anterioridad a la reflexión misma" (MacIntyre, 2001, p. 74). Por lo que invito a repensar los distintos diálogos que se pueden emprender desde la oposición política, empezando con buscar nuevos interlocutores dentro del oficialismo, porque aunque la responsabilidad se disgregue, sería un exabrupto afirmar que la izquierda que alguna vez apoyo a Chávez es antidemocrática, pues aunque el chavismo es por naturaleza autoritario, esto no supone que todo chavista sea antagónico a la democracia. Asimismo, el diálogo con propuestas firmes y reconocimiento mutuo ayudaría a acabar con el estigma, y dejar de vender la idea de que es posible execrar a quienes hoy gobiernan, en forma de apartheid, pues eso solo generaría mayor resistencia de parte de quienes poseen las armas para mantenerse en el poder.
Así que, con estas reflexiones vagas solo pretendo invitar a que no descartemos el diálogo, porque nos tendremos que sentar a discutir con el enemigo, mil veces si es necesario, pero nada de lo que se ha escenificado hasta el momento ha sido diálogo, sino la agenda macabra de un dictador en pleno monólogo para sostener su cleptocracia. Llegara el momento de dialogar, pero no es éste, es el momento de la unidad en las exigencias y en la agenda. El momento del diálogo será claro para quien espera democracia, quien no espera venganza y solo quiere buscar la reconstrucción de lo aplastado, pero es innegable su necesidad.
Que el proceso de resistencia que se lleva a cabo en las calles prepareel temperamento para la sindéresis y no se convierta en una revuelta que cual primavera árabe, marchite y se convierta en un invierno perenne.


viernes, 31 de marzo de 2017

DE GOLPES DE ESTADO Y NUEVAS AUTOCRACIAS

De muchas formas he tratado de indicar que los periodos presidenciales de Chávez no eran propiamente un gobierno autoritario o dictatorial, sino que aunque difuso, podríamos encontrar elementos que marcaron su transición de la democracia al autoritarismo competitivo. Steven Levitsky y Lucan Way[1] definen al autoritarismo competitivo como aquel régimen civil en el que existen instituciones democráticas formales percibidas como la vía primordial para obtener el poder, pero dónde los abusos de quiénes lo detentan les ponen en una ventaja considerable respecto de sus oponentes. Es decir, aunque difícil, no es imposible que la oposición gane elecciones. Quizá es un elemento que se percibe con claridad en la increíble victoria de la Mesa de la Unidad Democrática en diciembre de 2015, en la que se obtuvo mayoría calificada de 112 escaños, frente a la pírrica cifra de 55 escaños del PSUV, partido chavista que no solo contó con su maquinaria y los recursos del Estado (medios de comunicación y funcionarios públicos), sino que no dudo en hacer uso de sus mecanismos de intimidación para influenciar las decisiones electorales de los venezolanos.
Hasta aquí, todo parece una batalla épica y no dudo en que muchos cuestionarán mi decisión de denominar hasta esa fecha, al gobierno de Maduro, y antes, el de Chávez, como un autoritarismo competitivo. Debo insistir en que las tesis sobre esto, insisten en que la posibilidad de acceder al poder mediante elecciones (aunque no sean limpias), es un elemento decisivo para ello.

Sin embargo, el gobierno revolucionario, ante la derrota, optó por desmantelar la institucionalidad formal democrática, para establecer un entramado político difícil de desmontar. La razón es clara, el apoyo del 56% de los electores al proyecto opositor significaba la consolidación de su programa legislativo, que no solo suponía detener la Revolución, sino la liberación de los presos políticos y la modificación de un sistema económico corrupto. Esta era una situación insostenible para el Chavismo post-Chávez, que temía (y todavía TEME) las consecuencias de la labor contralora sobre los números reales de sus actos en ejercicio del poder absoluto (solo veamos el escándalo Oderbrecht o las investigaciones sobre irregularidades en entrega de pasaportes ordinarios y diplomáticos, sin olvidar el tema narcotráfico).

De esta forma, el primer acto para iniciar con su autocracia de nuevo cono, o la dictadura (como prefieren llamarle otros, aunque yo me abstengo por ser muy clásico en cuanto a definiciones), inicia mediante la designación de los Magistrados de Tribunal Supremo de Justicia. Este hecho ocurrió bajo múltiples denuncias de violencia moral contra los Magistrados salientes, quienes denunciaron haber sido forzados a jubilarse (puede verse aquí los casos de los magistrados Carmen Porras y Luis Ortiz), así como la designación a través de un proceso jurídico exprés, encabezado por Diosdado Cabello, presidente entonces de una Asamblea Nacional que en vez de entrar en su receso decembrino, en deferencia con el proceso electoral realizado el 6 de diciembre, y como es costumbre, aprovechó los vacíos legales que no dispone de la figura de "gobierno en funciones", entre una elección y la juramentación del nuevo poder, para tergiversar un proceso complejo de nombramiento de Magistrados y asegurar que a través de la Sala Constitucional, ente de mayor poder existente en el país (en esta entrada hago referencia a esto), no existiría forma en que la Asamblea Nacional recién electa no pudiese ejecutar un solo punto de su programa de gobierno, y así mantener a la Revolución en el poder.

El Observatorio de la Justicia venezolano, a través de la ONG Acceso a la Justicia, señaló todas las irregularidades cometidas en el proceso de postulaciones para elegir nuevos Magistrados (13 principales y 21 suplentes), entre ellos, reducir un lapso de 58 días a unas pocas horas, y que los postulados y designados no cumpliesen con los requisitos constitucionales y legales para optar al cargo (aquí puedes acceder al informe de Acceso a la Justicia y aquí, al informe presentado por la Asamblea Nacional sobre el mismo respecto). Sin embargo, a pesar de las múltiples irregularidades, la Sala Constitucional y demás salas del Tribunal Supremo de Justicia, hicieron lo necesario para anular, de facto, los poderes del parlamento.
A partir de este hecho fundamental, todo ha sido un golpe de Estado continuado en contra del poder legislativo, documentado de forma magistral por el colega José Vicente Haro quien al día de hoy, contabilizaba 64 decisiones por parte del Poder Judicial, que vulneran los derechos fundamentales de los venezolanos. Curioso es, que aunque el TSJ ha sido altamente efectivo para decidir cualquier asunto sometido a su consideración por parte del poder Ejecutivo o los miembros del PSUV, en año y tres meses ha dejado sin representación al Estado Amazonas, por no decidir el presunto fraude cometido en la elección de sus diputados, génesis del argumentario jurídico del inexistente desacato.


Por supuesto, la presente entrada la llamo "De golpes de Estado y nuevas autocracias", porque los juristas serios del país han insistido en que cada una de las decisiones a partir del nombramiento de los Magistrados, han configurado, per se, un Golpe de Estado, primero que nada, porque han sido propiciados por un gobierno formado por militares, 34% del Ejecutivo son militares, sin contar las múltiples funciones económicas y productivas asignadas por Maduro a los miembros de las FF.AA. No existe en Venezuela una posibilidad de distinguir los poderes moral, electoral, judicial del ejecutivo: Tareck William Saab, defensor del pueblo, fue gobernador por el PSUV; Manuel Galindo, contralor general, fue procurador del Estado, es decir, abogado de la República, cuyo nombramiento depende del Ejecutivo, conforme el art. 249 de la Constitución (Cilia Flores fue procuradora); y Luisa Ortega Díaz*, la cuestionada Fiscal General, por su parcialidad política.

Así que, sí, el Golpe de Estado no ha sido un golpe seco, por un solo acto, sino un cúmulo de actos consumados de forma enlazada para la obtención de un resultado definitivo: anular la soberanía popular representada en el poder legislativo (poder originario y no derivado), para conservar el sistema revolucionario cívico-militar. Esta alianza, que da el matiz militar a las acciones golpistas, se consolida con cada declaración inconstitucional de Vladimir Padrino o cualquier otro alto jefe del Mando MIlitar nacional. 
Indefectiblemente, la obra culmen del proceso de Golpe de Estado, bordada finamente con un Estado de Excepción bajo la Emergencia Económica iniciada el 20 de enero de 2016, con la decisión Nº 4/2016 de la Sala Constitucional írrita, son las decisiones de la última semana de Marzo.

Así, la decisión del 27 de marzo de 2017, además de fulminar la inmunidad parlamentaria (aforamiento para los españoles) dispone un mandato, una orden a Nicolás Maduro:

"ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente."[2]


Como si esto no fuese suficiente, y en repetición de una costumbre en la historia jurídica venezolana, en la madrugada, con Decisión 156/2017  del 29 de marzo, la Sala Constitucional, interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sacándose de la manga una nueva treta inconstitucional, de vanguardia en temas de terror judicial: No solo el Ejecutivo podrá constituir una empresa Mixta sin la autorización del Legislativo, inventándose cosas fuera de toda técnica de interpretación de la ley, sino que anuncia que la Sala Constitucional asumirá competencias del Parlamento mientras dure supuesto "desacato" [3], desacato inventado por los mismos Magistrados y que configura el hecho más grave de la doctrina de la Sala en toda la historia venezolana, posterior al final de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Sobre esta aberración, el Dr. José Ignacio Hernández, arguye lo siguiente:

La Sala Constitucional no puede asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Ni siquiera admitiendo la falsa tesis del desacato, la Sala puede ejercer esas funciones.
Esto es así por una razón elemental, que la Sala elude en sus decisiones: las funciones de la Asamblea Nacional le fueron atribuidas por la Constitución pues la Asamblea –y solo la Asamblea– representa al pueblo de Venezuela.
La Sala Constitucional, por el contrario, no representa al pueblo, pues no tiene origen democrático. Por esto, la Sala no puede asumir una representación popular que no tiene. Con lo cual, lo que haría en realidad la Sala es usurpar el ejercicio de esos funciones y con ello usurpar la representación popular. (Aquí el artículo de Prodavinci) (negritas propias).

A esto debemos sumar la violación flagrante de los derechos políticos, como las elecciones regionales que debieron realizarse en 2016,  no porque la oposición quiera sabotear o conspirar, sino porque así lo manda la Constitución. Es decir, gobernadores y alcaldes están en ejercicio de funciones extendidas, sin base jurídica, pero la Revolución se abstiene de convocar elección actuando como cualquier autoritarismo de nuevo cono, una autocracia atípica por las necesidades de las relaciones políticas internacionales globalizadas. La legitimidad de desempeño del gobierno de Maduro puede ser advertida por la comunidad internacionales, pero las intervenciones que ocurrían antes, ya no son tan comunes. De igual forma, la carga autoritara del poder político venezolano se traduce respecto de determinados sectores, y aunque va in crescendo, todavía se realizan actividades que en una dictadura clásica serían impensables, como oír en la radio a los opositores, o periodistas críticos que publican en los pocos diarios que quedan en el país, o la posibilidad de entrar y salir del país (a pesar de las restricciones que implica la emisión de pasaportes y los costos anejos), si existen controles económicos y sociales propios de un gobierno autoritario que, a la vez, cerró toda salida electoral. Todo por mantener el poder a toda costa, como garantía de impunidad ante los múltiples hechos delictivos cometidos en su ejercicio.

Este nuevo tipo de autocracia establece controles partidistas como el carné de la patria y restringe el ejercicio de los derechos políticos, mientras mantiene instituciones que permiten las relaciones privadas, alimentando ciertos aspectos de autonomía, cuando cercena derechos políticos y económicos para asumirlos a través de la maquinaria del Estado. Y no va a cambiar en el futuro inmediato, porque la situación es tan compleja que ni la presión internacional es suficiente, porque los caminos diplomáticos son lentos, ni la cohesión de las fuerzas opositoras cuenta con ningún factor de poder que pueda servir de contrapeso al poder total y absoluto que detenta el chavismo. 

Creo que he hilado más fino en otros argumentos contenidos en otras entradas, pero la indignación que como venezolano me produce esta situación impide que pueda explayarme en argumentos filosóficos o históricos. Temo que este germen autocrático se transforme en un monstruo peor, que la autocracia chavista tienda al totalitarismo, sus signos de devastación son percibidos con la desnutrición y las muertes producto de la criminal política negacionista de la crisis humanitaria. Temo también por el definitivo colapso económico por el posible incumplimiento de los compromisos económicos internacionales, suscritos irresponsablemente por la Revolución y que han hipotecado al país, símbolo característico de la autocracia administrativa del erario público.

Pero el mayor temor radica en la incapacidad de unidad nacional de los factores que, con todos sus defectos, puedan apostar a la restitución institucional democrática, proceso que una vez iniciado podrá tardar unos cuantos lustros, pero que requerirá un proceso de transición duro, complejo y sobre todo, frustrante para aquellos que creen que el chavismo desaparecerá de la faz de la tierra, pues si todavía quedan resquicios de nacionalsocialismo alemán, pinochetismo, franquismo, leninismo, estalinismo y perejimenismo, no dudo que el chavismo, como cualquier movimiento político autoritario, se resista a desaparecer y a propagar los mitos que ha logrado colar en el imaginario colectivo, que impide a la oposición desacralizar la figura de Chávez.




[1] LEVITSKY, Steven y WAY, Lucan A., Competitive authoritarianism, hybrid regimes after the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
* Al finalizar de escribir este artículo, 1 p.m., hora española, supe la noticia de que Luisa Ortega Díaz condenaba las sentencias 155 y 156 por considerarlas una ruptura del orden constitucional.
[2] Sentencia 155/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, del 27 de marzo.de 2017, disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
[3] Sentencia 156/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, del 29 de marzo de 2017, disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML

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